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Algunos mitos sobre el dinero de la Iglesia en España

El español medio no tiene una gran cultura económica y es fácil hablar de dinero dando la sensación de que "hay algo turbio". Es bueno aclarar algunos mitos.

Queremos comentar aquí algunas ideas que circulan últimamente sobre la economía de la Iglesia en España y más en concreto sobre su relación con el Estado. No hablaremos de las cuentas de la Santa Sede ni de la Iglesia en otros países, excepto por comparación.


MITO 1: La Iglesia es, económicamente, UNA gran entidad

Falso. Jurídica y administrativamente, la Iglesia católica no es UNA entidad. Son -textualmente- 40.000 entidades distintas, sólo en España. Son parroquias, órdenes, movimientos, asociaciones, fundaciones, organizaciones, diócesis... Cada una tiene su propio estatuto económico, cada una lleva sus propias cuentas, según las leyes civiles vigentes y según el derecho canónico. El tesorero de un obispado no tiene nada que ver con el de una ONG católica o con el de una parroquia. Hablar de "el dinero de la Iglesia" es como hablar de "el dinero de la sociedad civil": se refiere a muchas entidades distintas y de muy diversas funciones.


MITO 2: En España, el Estado subvenciona a la Iglesia.

Falso. Son los ciudadanos quienes libremente asignan una cantidad de dinero a la Iglesia mediante la famosa "crucecita" del IRPF. El Estado no da ese dinero, lo dan los ciudadanos. El Estado lo único que hace es ayudar a recaudarlo.


MITO 3: El "sistema alemán" de financiación de la Iglesia es una alternativa que propone el Gobierno

Ojalá. El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, propuso hace unos meses recurrir a un sistema "similar al alemán", que según él es un “impuesto religioso voluntario y adicional” donde el Estado haría de mero recaudador. En realidad, en Alemania, cada ciudadano con capacidad fiscal, por el sólo hecho de estar bautizado, destina automáticamente a su iglesia (católica o protestante) una cantidad adicional de un 9% sobre lo que paga a Hacienda (un 8% en Baviera y Baden-Wutenberg).
La administración alemana se queda entre un 2 y un 4,5% de comisión según el land. Sólo se libran de pagar aquellos que renuncian a su fe mediante declaración de apostasía. Así, en el 2003, la Iglesia católica de Alemania, la más rica de Europa, ingresó, por la vía del Impuesto sobre la Renta, casi 4.500 millones de euros. ¡Compárese el contraste con los 141 millones que recibirá la Iglesia española por la "crucecita" del IRPF este año 2005! Sería muy extraño, realmente, que el Gobierno implantase este sistema en España.


MITO 4: "Lo de las expropiaciones es cosa del pasado".

En España el Estado tiene una larga tradición de confiscar bienes eclesiales. Cuando al Estado le falta dinero, confisca cosas a la Iglesia. Empezó en 1768 (Reforma de Olavide), cuando se expulsó a los jesuitas y se confiscaron sus tierras. Justo antes de la Guerra de Independencia (desamortización de Godoy) se confiscaron los bienes de hospitales, hospicios, casas de misericordia y cofradías, casi todas ellas entidades eclesiales.

En 1808 era José Bonaparte, el hermano de Napoleón, quien confiscaba bienes eclesiales. En 1823 fueron las Cortes de Cádiz, decretando la reducción a un tercio del número de monasterios y conventos. De 1834 a 1854 la famosa desamortización de Mendizábal confiscó todas las propiedades de monjes y frailes y parte de las del clero secular. En 1855 la Ley Pascual Madoz fue la confiscación más completa de bienes del clero, tanto regular como secular. Estas confiscaciones enriquecieron sobre todo a la burguesía urbana y rural.

Hoy, más eficaz que expropiar es amenazar una y otra vez a la Iglesia con dificultar su financiación. El 4 de mayo de 2004 el ministro de Justicia, Juan-Fernando López Aguilar ya declaró que el Gobierno quiero revisar la financiación de la Iglesia y reformar los Acuerdos de 1979, entre la Santa Sede y el Estado. El 22 de julio era el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, quien anunciaba que la financiación de la Iglesia "tendrá que acabarse algún día".

Pero aún así hoy, en pleno siglo XXI, la tradición de expropiar se mantiene viva. El 27 de diciembre de 2004, uno de los portavoces del tripartito catalán, Joan Boada (IC-V-EUA) pedía en el DIARI DE GIRONA "una confiscación y posterior socialización de los bienes de la Iglesia". En mayo de 2002, el arquitecto Oriol Bohigas, ex-concejal y actual asesor del alcalde socialista de Barcelona, pedía "que la Sagrada Familia sea el vestíbulo de la estación del Tren de Alta Velocidad".

Una víctima preferencial son los conventos de monjas carmelitas: en el 2003 el Ayuntamiento de Córdoba (IU) quería expropiar un huerto a un convento carmelita, pero 40.000 firmas y una oleada de e-mails pararon la medida. Lo mismo intentó el ayuntamiento socialista de León en el 2004 con sus carmelitas descalzas, con la consiguiente oleada de quejas ciudadanas. En Esplugues (Barcelona), el Ayuntamiento socialista este año 2005 acosaba con deshaucios y expropiaciones a un monasterio de dominicas aunque la presión ciudadana ha bloqueado el proceso por ahora.

Tomado de ForumLibertas.com

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Comentado por Bruno Castillo Fernández en abril 24, 2009 a 1:27pm
Vuelvo a utilizar otro artículo. Más allá de los intereses del diario donde fue publicado, hay que fijarse en los datos y en la posibilidad que éstos ofrecen de ser rebatidos.

(por cierto, antes de que se me olvide; el dato facilitado por Costal Blanco en relación con la asignación tributaria a la Iglesia Católica es auténtico, lo he comprobado en la web de la Conferencia Episcopa. Hay que saber reconocer cuando a uno le cuelan un gol)

Aquí va el artículo:

LOS “PRIVILEGIOS FISCALES” DE LA IGLESIA
FERNANDO GIMÉNEZ BARRIOCANAL
PUBLICADO EN LA RAZÓN (12-2-2002)
Atacar a la Iglesia se está convirtiendo, para algunos sectores, en un autentico deporte
nacional. Para ello, no se duda en lanzar cifras e infundios carentes de sentido y,
lamentablemente, contrarios a la verdad. Uno de los temas que con más frecuencia se
repite es el de los supuestos privilegios fiscales que goza la Iglesia en España.
Algunos afirman que, en un Estado aconfesional y en pleno siglo XXI, mantener
dichos privilegios es intolerable e injustificable. Incluso, un docto profesor de derecho
eclesiástico se atreve a tachar el régimen fiscal de la Iglesia de inconstitucional, de
acuerdo con un artículo publicado hace unas semanas en un periódico nacional .
Prescindiendo de prejuicios ya trasnochados, ¿qué hay de verdad en esto?, ¿goza la
Iglesia católica de privilegios fiscales extraordinarios? ¿Es la economía de la Iglesia
un pozo de dinero negro opaco al fisco? La respuesta es fácil: NO, rotundamente, no.
Intentaré explicarlo brevemente.
El régimen fiscal vigente de la Iglesia en España deriva, en un 95%, del contenido de
la ley de fundaciones, aprobada en 1994. Dicha ley establece una serie de beneficios
fiscales aplicables a las fundaciones y a las asociaciones de utilidad pública.
Asimismo, en su disposición adicional novena, expone que el mencionado régimen
fiscal se aplicará a la Iglesia Católica y a las Iglesias, confesiones y comunidades
religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado (en la
actualidad, protestantes, judíos y el Islam). La pregunta es simple ¿Es esto otorgar a
la Iglesia Católica una situación de privilegio? .
Los beneficios fiscales de que goza la Iglesia, como son la exención de tributación por
los ingresos propios de la actividad religiosa o la reducción del tipo del Impuesto de
Sociedades al 10%, son los previstos para cualquier institución acogida a la ley de
fundaciones. Ello no quiere decir que las Instituciones de la Iglesia no paguen
impuestos ni declaren su actividad. La ley distingue muy claramente entre aquellos
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA C/ Añastro, 1. 28033 MADRID (España)
http://www.conferenciaepiscopal.es conferenciaepiscopal@planalfa.es
Los “privilegios fiscales” de la Iglesia
Fernando Giménez Barriocanal pág. 2
ingresos procedentes de actividades propiamente religiosas (exentas) de aquellos otras
que deben tributar (actividades empresariales, cesión de patrimonio a terceros,
incrementos de patrimonio, etc.). En estos casos, las obligaciones fiscales de las
entidades no lucrativas son equivalentes a las de cualquier otro contribuyente, con los
mencionados ajustes.
Así por ejemplo, las Diócesis españolas pagan anualmente su Impuesto sobre
Sociedades tributando por todos los ingresos no exentos y cumpliendo con los
requisitos de información previstos. En todas sus compras, salvo los objetos
destinados exclusivamente al culto, pagan el IVA como cualquier otra contribuyente.
Colaboran con Hacienda facilitándole información sobre los donativos recibidos
sujetos a desgravación, pagos realizados, retenciones, etc. En el ámbito municipal, se
pagan las tasas e impuestos correspondientes, etc. Por último, en el ámbito de la
Seguridad Social, se cumplen con todos los requisitos derivados de la ley, habiendo
entregado al Estado en el año 2001,sólo por los sacerdotes, un importe superior a
2.200 millones de pesetas. ¿Dónde están esos supuestos privilegios?
Podrá discutirse, en términos de política fiscal, si los beneficios establecidos en la ley
son los adecuados o no para el conjunto de instituciones no lucrativas. Ese es otro
debate. Ahora bien, plantear que la Iglesia tiene una situación privilegiada, desde el
punto de vista fiscal, es absolutamente demagógico y falso. Dichas afirmaciones solo
pueden proceder de dos posturas: o se desconocen los temas y se opina sin
conocimiento (que irresponsabilidad) o bien existe un afán deliberado de dañar de
manera consciente la imagen de la Iglesia.
Otra afirmación falsa y malediciente es postular que los “curas” no tienen que pagar
contribución (IBI) por las viviendas de su propiedad. Los sacerdotes tienen las mismas
obligaciones fiscales, sí, las mismas obligaciones fiscales, que el resto de ciudadanos
de nuestro país. Por tanto, cualquier vivienda propiedad de un sacerdote tendrá que
pagar sus impuestos correspondientes. Otra cosa bien distinta son las casas
parroquiales, propiedad de la Iglesia y ocupadas por un sacerdote en el desempeño de
su labor pastoral. Dichas casas gozan de exención de I.B.I. por los Acuerdos Iglesia-
Estado de 1979, pero dicha exención, en la actualidad, no constituye ningún
privilegio, ya que las mencionadas casas están afectas al cumplimiento de los fines
propios de la Institución, por lo que dicha exención podría entenderse amparadas
también por el artículo 58 de la ley de fundaciones.
En resumen, no perdamos el tiempo con discusiones absurdas. La iglesia tiene sus
obligaciones fiscales, fundamentalmente las mismas que puedan tener instituciones
como la Cruz Roja, la ONCE o cualquier fundación de nuestro país. Ni privilegios ni
monsergas. Ojala que la tan pregonada tolerancia y “respeto al otro” llegue también a
los mentes de algunos pseudo-progresistas, abandonando viejos y caducos prejuicios.
Comentado por Bruno Castillo Fernández en abril 24, 2009 a 1:20pm
Por cierto:
De la misma forma que La Razón, ABC, COPE, ACI Prensa son medios católicos que defienden a capa y espada la doctrina oficial de la Iglesia

Que yo sepa La Razón y ABC no son diarios que pertenezcan a la Iglesia, ni siquiera son católicos, pueden ser de centro-derecha y puede que su línea editorial tenga una fundamentación cristiana pero no están al amparo de la Conferencia Episcopal que sí posee una parte de la Cadena COPE, algo que no deja de ser legítimo y, en pro de la pluralidad, totalmente democrático.
Comentado por Bruno Castillo Fernández en abril 24, 2009 a 1:15pm
No es ese el dato del que yo dispongo, aunque no niego que sea cierto, ya sabemos que las personas que no marquen ninguna opción (que alguno habrá que se le olvide) su asignación va por defecto al otro apartado. El problema de otras confesiones es que son minoritarias (en comparación con la Iglesia -de hecho, su caracter mayoritario es lo que le confiere la especial relación con el estado-) Pero que nadie se engañe, las otras confesiones religiosas minoritarias si están asociadas reciben en función de su aportación social y de los miembros afiliados ayudas estatales, autonómicas y locales como cualquier asociación o fundación de cualquier índole que no tenga ánimo de lucro.
Comentado por Bruno Castillo Fernández en abril 24, 2009 a 11:02am
Es que no es una cuestión nimia. Los dos periódicos son ideológicamente contrarios a la Iglesia Católica y su parcialidad es evidente en este asunto, así como el de los testimonios que se transcriben.

Mes llama poderosamente la atención que se siga hablando de "laicidad" como principio del Estado, eso es falso. El estado Español no es laico, en la constitución se define como "aconfesional" (que es algo muy distinto) y además se habla en la Carta Magna de la especial relación del Estado con la Iglesia Católica, por simple democracia (más del 70 % de los españoles es católico). El tema de la cruz sigue levantando ampollas aunque no lo entiendo. Los ciudadanos, de manera libre, voluntaria y desinteresada, consienten en detraer una parte de sus impuestos y obligaciones con el fisco para aportársela a la Iglesia Católica. Sinceramente no entiendo cuál es el problema. En España ningún ciudadano es libre de elegir a dónde quiere que vaya el dinero que el Estado le expropia. Yo no puedo elegir si quiero que vaya a un hospital nuevo, a financiar a partidos políticos, sindicatos o fundaciones de diversísima índole y fines más bien oscuros, en todo caso infinitamente más pequeñas y de menor aportación social a los que más lo necesitan que la Iglesia Católica, o si quiero que se destinen a una Escuela o a la producción de una obra maestra del cine español que luego el público ignorará (porque la boca del asno no está hecha para el caviar, supongo) y en la que se reirán y ridiculizarán mis creencias más esenciales por aquello de que a nosotros a progres y demócratas no nos gana nadie. La única opción de elegir que el Estado da a los ciudadanos en relación a sus impuestos es la crucecita y, qué demonios, la inmensa mayoría de los contribuyentes decide LIBREMENTE (y debería ser también aceptado democráticamente) dar ese dinero para el sostenimiento de la Iglesia de Cristo el Señor, por algo será.
Yo creo que este acuerdo es definitivo en cuanto a la autofinanciación, ya que la Iglesia Española (así en general) no recibe ninguna ayuda estatal; el Estado no sacrifica una parte de su recaudación en beneficio de la Iglesia, sino que son las personas las que se sacrifican, ejerciendo el Estado de mero recaudador, (eso no es tan grave, servidor es autónomo y me dedico a recaudarle al Estado el IVA de todo lo que yo vendo).

En definitiva: la Iglesia se autofinancia con las donaciones y las aportaciones libres y voluntarias a través del IRPF de los ciudadanos y ciudadanas (así está bien no?) que creen que es lo mejor. Por tanto, seamos democráticos y aceptemos las decisiones de la mayoría (esa es la democracia) Aunque, si alguien piensa que son acuerdos ilegales o que están fuera de la Constitución Española, tiene a su disposición los tribunales apara que ellos decidan. Huelga decir que en anteriores ocasiones, tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo dieron la razón a la Iglesia.

Saludos a todos.
Comentado por Bruno Castillo Fernández en abril 23, 2009 a 9:45pm
El texto anterior está sacado de la web de la Conferencia Episcopal Española
Comentado por Bruno Castillo Fernández en abril 23, 2009 a 9:44pm
El artículo 16 de la Constitución de 1978 establece que los poderes públicos “mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. La firma, en enero de 1979, del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español sobre Asuntos Económicos obedece a este precepto. Se trata de un tratado internacional a todos los efectos, constitucional y refrendado por las Cortes españolas en octubre de 1979 con abrumadora mayoría (273 votos a favor en el Congreso y ningún voto en contra en el Senado).

El acuerdo establece que “el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa” (art II.1). En función de esto, se globalizó en una única cantidad las distintas ayudas que percibía la Iglesia para su sostenimiento básico y se estableció un periodo de tres años para implantar el sistema de la asignación tributaria. De esta forma, serían los contribuyentes los que decidirían qué se hace con una pequeña parte de los impuestos que pagan. Por distintas razones, la asignación tributaria no se implanta hasta mayo de 1988, es decir, con 6 años de retraso. Además, su desarrollo se realiza de manera unilateral por el gobierno del momento, estableciendo un porcentaje claramente insuficiente (el 0,5239%) y una alternativa (“otros fines de interés social”) que no estaba prevista en los acuerdos y que desvirtuó el sistema.

Aún así, el Acuerdo establecía dos cautelas importantes. En primer lugar, un nuevo periodo transitorio, donde el sistema de asignación fuera sustituyendo progresivamente a la aportación del Estado. Una segunda cautela, muy importante, indicaba que el sistema debía proporcionar a la Iglesia “recursos de cuantía similar”, por lo que la dotación a la Iglesia, durante este periodo, debería ser “actualizada anualmente”.

Este segundo periodo transitorio, de tres años, tendría que haber supuesto que en 1991, se hubiera establecido un sistema basado en la asignación tributaria, que fuera capaz de proporcionar la citada “cuantía similar” acordada y que permitiera la desaparición del complemento presupuestario. No ha sido así. En los 15 años transcurridos se ha dialogado aunque, por muy distintas razones y con distintos gobiernos, no se ha conseguido dar este paso. De hecho, en todos estos años y a pesar de que el coeficiente se demostró insuficiente (no se ha variado el 0,5239%), el complemento ha ido descendiendo, tanto por el incremento de la asignación tributaria como porque la actualización no se ha realizado teniendo en cuenta la inflación real.

Únicamente, merece la pena destacar el paso dado en el año 2000 consistente en la separación o compatibilidad entre la asignación a favor de la Iglesia y la asignación a otros fines. Gracias a ello, hoy los contribuyentes pueden optar por marcar ambas opciones, sin que ello suponga una disminución del dinero que asignan a la Iglesia.

¿En qué situación estamos ahora? Actualmente está vigente una prórroga del sistema por un año. Hay un compromiso por ambas partes de buscar una solución, que, necesariamente en el marco de los acuerdos, pasa por establecer un sistema estable de colaboración del Estado basado en la asignación tributaria y la desaparición del complemento. En todo caso, habrá que tener en cuenta los compromisos previstos en el Acuerdo. A nivel técnico existe buena disposición por ambas partes. El dinero procedente de la colaboración del Estado con la Iglesia (12 millones de euros al mes) supone una parte pequeña (aunque necesaria) de los recursos de que disponen las Diócesis para su sostenimiento básico. Aunque no hay datos exactos, dado que cada Diócesis mantiene una administración separada, se estima que este sistema puede suponer entre el 25 y el 30% del total de los gastos de mantenimiento de las Diócesis. El resto proviene, fundamentalmente, de la aportación directa de los fieles. No obstante, la dependencia de la asignación tributaria aumenta en las zonas rurales más desfavorecidas de nuestro país.

La aportación de la Iglesia a la sociedad es evidente y justifica plenamente la colaboración de los poderes públicos. La demanda de los ciudadanos de servicios religiosos (más de 7 millones de personas acuden cada domingo a Misa en España, 150.000 parejas se casan en la Iglesia, etc.) justifican por sí solos, la colaboración del Estado. Además, el sostenimiento de la Iglesia le permite a sus instituciones desplegar una importantísima labor social: más de 2.400.000 personas atendidas cada año en centros sociales de la Iglesia (residencias de ancianos, ambulatorios, rehabilitación de toxicómanos, enfermos de sida...). Por ejemplo, sólo teniendo en cuenta las cifras de Caritas, se invierte en acción social 160 millones de euros al año. Pero para que todo esto pueda tener lugar, la Iglesia tiene que poder vivir su fe, anunciarla y expresarla en libertad.

En resumen, la asignación tributaria constituye un buen instrumento de colaboración y compromiso con la Iglesia tanto para los creyentes, por razones obvias, como para aquellos que no comulgando con la fe católica entienden, comprenden y valoran la aportación de la Iglesia a la sociedad.

Fernando Giménez Barriocanal
[La Razón, 5-V-2006]]
Comentado por Bruno Castillo Fernández en abril 23, 2009 a 9:23pm
Me abruma el intentar contestar a tantos datos, pero creo que al menos podré intentar aclarar algún punto:
A propósito de la entrada en vigor en este ejercicio fiscal de las modificaciones pactadas en 2006 respecto a la asignación tributaria que recibe la Jerarquía de la Iglesia Católica en España

Aquí hay un error: ese dinero no es para la Jerarquía sino para toda la Iglesia: esto incluye las organizaciones asistenciales dentro de la misma.

Firmados precipitadamente el 3 de enero de 1979, a sólo 6 días del 27 de diciembre de 1978, fecha en que se daba carácter oficial a la Constitución

Aquí al menos hay un baile de cifras y fechas que n mecuadran. Debo ser muy tope y no me doy cuenta (lo digo en serio, no me cuadra)

Se mantiene por tanto la mentalidad de que la Iglesia está lejos de autofinanciarse y sigue pidiendo al Estado que le ayude a su mantenimiento

Que yo sepa la Iglesia no pide al Estado sino a los ciudadanos que, de manera libre y voluntaria, colocan su crucecita en la Declaración de la Renta.

además de los sueldos de obispos y sacerdotes, el Estado paga los salarios de más de 30.000 profesores de religión, los capellanes castrenses son igualmente remunerados por el Estado y su estatus debería ser también revisado, la existencia de la clase de religión en la escuela pública es objeto de controversia, etc

Debo ser muy ignorante (si es así que alguien me ofrezca los datos para desmentirlo) pero según tengo entendido los sueldos de los obispos y sacerdotes no los paga el Estado sino la Iglesia (cada Diócesis de sus propios fondos). En cuanto a la Clase de Religión es otro debate, pero no creo que siendo cofrade, sea usted de los que piensan que la religión es una cuestión privada, pues nuestra Semana Santa es la expresión más clara de todo lo contrario; la religión también forma una parte importante de nuestra vida en sociedad y su desconocimiento no nos hace más libres sino más ignorantes. Por tanto la Religión debe ser (como afirma nuestra Constitución) un derecho para los padres en la Educación de sus hijos y sin su enseñanza se perderían gran parte de los datos que conforman nuestra historia y forma de pensar actual y ninguno queremos que los más pequeños no conozcan el porqué de la historia de nuestra civilización que es el porqué de la historia de la Iglesia.

Los católicos españoles estamos mal acostumbrados por una tradición que nos ha garantizado una “iglesia gratuita” con locales, servicios religiosos, sacerdotes remunerados, facilidad para la presencia sin coste alguno en los medios de comunicación públicos,…

Será que yo estoy mal informado, pero tengo la convicción de que nuestra Iglesia no es gratis y que para su sostenimiento se sigue pasando el cepillo todos los días en misa, con esto, los donativos voluntarios y la crucecita es como se sostiene económicamente a la Esposa de Cristo.

Humildemente, no pudo llegar al conocimiento de los autores de su artículo. Quizá sea un iluso, pero seguiré defendiendo a mi madre, La Iglesia de Jesucristo, pues en ella están depositados los medios de Salvación entregados por Dios hecho hombre hace dos mil años.
De todas formas trataré de buscar toda la información posible acerca de este tema para poder (o al menos intentar) refutar este artículo.

Un saludo en Cristo.

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